USA

Han pasado 20 años desde los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Algunas de las preguntas principales de analistas y observadores en estos días son de qué manera ha cambiado el sistema internacional en las últimas dos décadas y cómo se ha visto afectada la política exterior de Estados Unidos.

Aunque los intereses nacionales de un país no suelen variar en tan solo dos décadas, es indudable que algo ha cambiado en el comportamiento internacional de Estados Unidos. Las razones han de encontrarse, sobre todo, en una serie de sucesos que han tenido lugar en el sistema internacional.

En una época de relativo éxito de las opciones populistas, es bastante natural relacionar el comportamiento de Estados Unidos con su situación política interna. Muchos análisis científicos y periodísticos han descrito en detalle la presunta regresión democrática que estaría caracterizando la política nacional estadounidense.

Para explicar la actitud aislacionista y nacionalista de Estados Unidos en los últimos años se suele mencionar la prevalencia de la política identitaria, el abuso de las cuestiones divisivas y polarizadoras (wedge issues), el uso desproporcionado de la propaganda (y de las falsedades) en las redes sociales, el ascenso de líderes autoritarios y demagógicos, el choque entre extremistas y defensores del statu quo y la consecuente incapacidad de los dos mayores partidos, republicanos y demócratas, para consensuar reformas sensatas frente a problemas de interés nacional.

Sin embargo, hay una tendencia a exagerar el impacto de tales factores nacionales y no siempre se han tenido en debida cuenta los factores internacionales, menos atractivos desde el punto de vista mediático, pero de gran influencia a la hora de determinar la posición internacional de un país.

Las transformaciones se aceleraron

Los atentados del 11 de septiembre no hicieron más que acelerar el impacto de algunas de las grandes transformaciones internacionales que comenzaron con el fin de la Guerra Fría. En primer lugar, la desaparición de la Unión Soviética fue ciertamente una buena noticia desde el punto de vista del avance de los valores democráticos. Sin embargo, para los países de la OTAN supuso la desaparición de una amenaza clara y fácilmente identificable que había permitido la definición de objetivos comunes.

Hoy en día, las amenazas son más difusas, más difíciles de identificar en un estado o un territorio concreto. Su impacto puede variar mucho, lo cual cambia su manera de ser percibidas y el tipo de alarma que provocan. El ejemplo más evidente se dio con la intervención estadounidense en Irak en 2003, que reflejaba la existencia de enfoques diferentes entre europeos y estadounidenses sobre cómo combatir el terrorismo. Frente a este tipo de amenazas, es más difícil llegar a acuerdos, incluso entre aliados.

En segundo lugar, el fin de la Guerra Fría intensificó un proceso de globalización que, después de una primera fase, en los años noventa, de grandes promesas de bienestar para todos, empezó a mostrar su cara menos agradable.

La libre circulación de bienes, personas y capitales no significaba solo oportunidades, sino también riesgos, por ejemplo, unas nuevas desigualdades, evidentes con la crisis de 2008, o unos nuevos desafíos en materia de acogida e integración de personas, evidentes con las frecuentes crisis migratorias.

Populismo y globalización

La globalización ha supuesto la aparición de nuevas inseguridades que favorecen la huida de muchos electores de los partidos centristas hacia soluciones más extremas y demagógicas. En este sentido, son varios los analistas que explican el populismo como una consecuencia y una reacción contra la globalización. No casualmente, desde el punto de vista internacional, el populismo se acompaña, a menudo, con un mensaje aislacionista y nacionalista, presentado como el único antídoto en un entorno internacional inseguro.

Por estas razones, cuando se analiza el aislacionismo de Estados Unidos en estos últimos tiempos no se puede recurrir solo a explicaciones nacionales. Como argumentó Peter Gourevitch hace más de 40 años, la distribución internacional del poder político y económico puede tener efectos decisivos en la política interna de un país, incluso cuando se trata de una superpotencia como Estados Unidos.

Las presiones económicas y militares globales reducen el abanico de las opciones a disposición de un líder político. Es muy probable que en los próximos años la tendencia de Estados Unidos a enfocarse más en sus intereses nacionales continuará, sea quien sea el presidente o el partido en el poder. Es la consecuencia de un nuevo entorno multipolar, en el que varias potencias compiten entre sí, mientras que ninguna de ellas tiene la suficiente influencia política y económica para imponer las decisiones a las demás o para garantizar la seguridad internacional.

El liderazgo de EE UU se tambalea

Es verdad que el sistema de relaciones internacionales que Estados Unidos construyó después de la Segunda Guerra Mundial para proporcionar seguridad a sus aliados y para contener a sus rivales sigue vigente, por ejemplo, en organizaciones internacionales como la ONU o la OTAN.

Sin embargo, es también cierto que la redistribución de poder a nivel internacional dificulta la posibilidad de que Estados Unidos siga jugando el papel de líder del sistema. Por un lado, escasean los recursos para poder hacerlo, por ejemplo, en Afganistán, mientras que, por el otro, su legitimidad se tambalea frente a potencias que exigen un papel protagónico.

Esto no significa que el orden internacional liberal esté destinado a desaparecer a corto plazo, y con ello las relaciones transatlánticas, el libre comercio o los valores democráticos. Cambios de esta envergadura pueden requerir mucho tiempo.

Lo que sí es cierto es que tanto sus aliados como sus adversarios tienen que prepararse para un mundo en el que Estados Unidos se dedicará cada vez más a sus intereses nacionales de una manera que podrá resultar, a veces, insolidaria y agresiva. Esto no será simplemente la consecuencia de un líder u otro, sino el efecto de unas transformaciones globales difíciles de parar.

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Una de las preguntas más recurrentes en la sociedad y academia estadounidense es si EE. UU. es una potencia en declive. Muchos estadounidense se lo preguntan desde, por lo menos, los años cincuenta del siglo XX. El lanzamiento del primer satélite al espacio, el famoso Sputnik, por parte de la Unión Soviética hizo sonar las alarmas en EE. UU., difundiendo la impresión de que el país soviético estaba ganando la competición tecnológica. En los años setenta, surgieron nuevas dudas sobre el poder de EE. UU., cuando la combinación entre la crisis política desatada por el escándalo Watergate, la desastrosa guerra en Vietnam y las protestas sociales aumentaron la sensación de un país en declive. Después de la Guerra Fría, los atentados del 11 de septiembre de 2001, el fracaso de las costosísimas forever wars en Afganistán e Iraq, y el espectacular desarrollo económico de China volvieron a poner el debate sobre la mesa. Es, hoy en día, casi un estereotipo afirmar que China es, o será, el futuro actor hegemónico de las relaciones internacionales.

Durante muchas décadas, la Teoría de las Relaciones Internacionales ha estado dominada por los enfoques materialistas. Se trata de teorías que interpretan la política internacional como un juego de suma cero, en el que el incremento del poder material de un actor, concebido en términos militares y económicos, correspondería inevitablemente a una reducción del poder de los otros actores. A esta visión contribuyeron también historiadores, como Paul Kennedy, que a finales de los años ochenta publicó su famoso análisis sobre la evolución del poder internacional, concluyendo que el destino de cada superpotencia es el imperial overstretch. A lo largo de la historia, todas las grandes potencias tendrían que enfrentarse a la imposibilidad de conjugar unos gastos crecientes, necesarios para el mantenimiento de su poder, con la ralentización de su productividad económica a favor de actores emergentes.

Por un lado, nadie duda de que, desde el punto de vista material, la distancia entre China y EE. UU. se ha recortado notablemente. Pero, por el otro, sería equivocado reducir la competición entre potencias únicamente a una cuestión material. En un mundo en el que la difusión de la información y de la comunicación juegan un papel cada vez más decisivo, es necesario examinar la cuestión también desde un punto de vista “inmaterial”. El poder internacional es, también, una cuestión de legitimidad, concepto que no se puede medir fácilmente y que, sin embargo, tiene mucha relevancia. Los comportamientos hipócritas o ambiguos, la ausencia de transparencia, la incapacidad o falta de voluntad para cumplir con las normas pueden dañar la reputación de un país, incluso más que una guerra o una crisis económica.

Por esto, es en base a la capacidad de mejorar la reputación de EE. UU. como actor global que hay que evaluar los primeros 100 días de Joe Biden en la Presidencia. Aunque se trate de un periodo demasiado breve para dar evaluaciones, hay que destacar que, hasta la fecha, las medidas del nuevo Presidente se han dedicado, sobre todo, a mejorar una imagen nacional que había tenido muchos reveses. En el medio de la peor crisis económica (y pandémica) desde hace un siglo, Biden se ha comprometido con el plan de gasto público más imponente desde el New Deal, sucesivo a la Gran Depresión de 1929. Como ha argumentado Robert Reich, antiguo Secretario de Trabajo en la Presidencia de Bill Clinton, Biden lo ha hecho de una manera realista, a través de una serie de iniciativas graduales, como la reparación de infraestructuras, la inversión en los “community colleges” públicos, o los permisos retribuidos, en lugar de apostarlo todo en ambiciosos cuanto divisivos proyectos legislativos, como el Obamacare. Además, se ha dedicado a la vacunación masiva del pueblo estadounidense. Finalmente, frente a las opacidades de otras potencias en la gestión de la pandemia y de la vacunación, Biden ha apostado por la liberalización de las patentes.

El objetivo, todavía lejos de cumplirse, no es solamente paliar los efectos de la crisis económica y pandémica, sino dejar atrás esa imagen de EE. UU. como país insolidario hacia sus propio ciudadanos. Por esto, no tiene que sorprender si, en estos primeras 100 días, la agenda más directamente internacional, como el cese de la presencia militar en Afganistán o las relaciones con Rusia y China, ha ocupado un lugar menor. Biden parece haber entendido lo que muchos observadores estadounidenses, tanto progresistas como conservadores, van diciendo desde hace décadas. Para mejorar la posición de EE. UU. en el mundo, es necesario, primero, reparar su sociedad, es decir, sus infraestructuras, su sistema educativo y de salud, sus periferias, y la situación de sus minorías. Esta es la clave para que EE. UU. pueda ejercer ese papel de referencia para las democracias, del que Biden tanto ha hablado en su campaña electoral.

Desde la crisis económica de 2008, muchas democracias, especialmente en Europa, sufren la competición ideológica con regímenes que, a pesar de su evidente autoritarismo, han mejorado su reputación en amplios sectores de las opiniones públicas, incluso de sociedades occidentales. Lo han hecho basándose en una supuesta capacidad de resolver las crisis de manera más efectiva. Esto ha contribuido a difundir la idea según la cual las democracias serían menos eficaces que las dictaduras en situaciones de emergencia. En este sentido, la promesa más importante de Biden, todavía cumplida en mínima parte debido a su poco tiempo en el cargo, es el restablecimiento de una alianza con las democracias, basada en la confianza y los valores comunes, frente a unos estados autoritarios cada vez más asertivos. Para conseguirlo, EE. UU. tendrá que demostrar que puede volver a ser un poder “inteligente” y atractivo. En un mundo en el que el “poder duro” o las intervenciones militares son cada vez menos eficaces, EE. UU. se enfrenta al reto de proyectar su influencia y su poder entre sus aliados, a través del ejemplo y el deseo de ser emulado.

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Durante la campaña electoral de 2016, Donald Trump ha prometido una reestructuración de las relaciones con aliados tradicionales como la OTAN y la Unión Europea. Ha abrazado una visión supuestamente menos intervencionista del uso de la fuerza, pero también más unilateral y menos basada en la cooperación con aliados. Ha mostrado, además, una clara preferencia por las relaciones bilaterales con “lideres fuertes” (sobre todo Vladimir Putin) para resolver algunas de las cuestiones más relevantes en Europa Oriental y en Medio Oriente. El objetivo declarado es el de una política exterior más enfocada en el interés nacional, capaz en definitiva de hacer “America great again.” Después de los primeros cien días de su Presidencia, la impresión general es que por un lado la improvisación ha sustituido los propósitos de campaña  y por otro lado, algunas de las decisiones tomadas por el magnate, no parecen muy prometedoras desde el punto de vista de la mejora de la posición internacional de Estados Unidos.

Donald Trump parece haberse afianzado, hasta el momento, a una visión muscular de la política exterior, no tanto en términos de uso de la fuerza sino más bien desde el punto de vista de la capacidad de imaginar la posición de Estados Unidos en el mundo. Según Trump, los Estados Unidos son una potencia en declive y la razón principal reside en que en las últimas décadas el país ha tenido que soportar gastos excesivos en términos de mantenimiento del orden internacional liberal. Las alianzas militares y comerciales, el compromiso hacia la seguridad, el papel de guía del mundo liberal-democrático: todos estos aspectos, según Trump, han salido demasiado caros para el país. Sobre todo, Trump no se siente cómodo con los Estados Unidos perteneciendo a una densa red de alianzas y reglas internacionales que limiten su capacidad de perseguir sus intereses nacionales proyectando una imagen de país débil, indeciso, al cual se le puede chantajear. La solución, según Trump, se encuentra en un país más unilateral, menos atento a convencer y más interesado en imponer, digan lo que digan los demás. Una visión del poder “hard”, basada en ambiciosos programas de inversión en armamentos, probablemente para volver a aquella sensación que los Estados Unidos sintieron en los primeros años de los noventa: ese país unchallengeable, que nadie puede desafiar y que puede perseguir la hegemonía mundial.

Estas novedades no parecen coherentes con el objetivo de mejorar la posición internacional del país. En un mundo cada vez más interdependiente y basado en la difusión a gran escala de la información y de la comunicación, el unilateralismo y el poder duro pueden resultar insuficientes. Los conceptos de guerra, diplomacia, política exterior van cambiando rápidamente y requieren la imaginación de una estrategia más compleja y capaz de integrar todos los recursos de poder. Un poder “smart” en las palabras del politólogo Joseph Nye, en el cual los recursos, inclusa la capacidad militar, no se utilicen sólo para imponer voluntad sino también para convencer, atraer, y proyectar valores.

En este sentido, la decisión de bombardear a Siria, de manera unilateral, sin consultar a ningún aliado y sobre todo sin ningún atisbo de estrategia de medio plazo, difícilmente podría verse como un éxito para la presidencia Trump. No sólo podría tener consecuencias negativas en las ya difíciles relaciones entre Estados Unidos y Rusia sino que también proyecta una imagen tosca de un país que improvisa y que no considera sus aliados a su nivel. Además, es la demostración plástica que en un mundo en el cual las guerras tienen lugar más adentro de los estados que entre ellos, más entre grupos irregulares que entre ejércitos, un bombardeo extemporáneo, descontextualizado y motivado por razones de política doméstica no tiene ningún impacto en la resolución política de un conflicto civil.

De igual manera, las desagradables declaraciones sobre la Unión Europea y el apoyo al Brexit británico, empeoran la posición de Estados Unidos frente al bloque político-comercial que les ha mantenido en posición de primacía tanto tiempo. Si es cierto que Europa muestra señales de declive que pueden justificar una redirección de la política estadounidense hacia otros escenarios (como Asia), pero es también cierto que Europa sigue representando el mayor mercado económico para Estados Unidos, además de incluir a algunos de sus aliados más históricos. En un mundo de opiniones públicas que interactúan y en parte se influencian recíprocamente, muchas veces de manera independiente de la voluntad de los estados, debilitar la imagen del Estados Unidos en países como Alemania, Francia, Italia y España difícilmente llevará a una mejora de su posición internacional.

En conclusión, la actitud desafiante de Trump hacia instituciones internacionales como la OTAN, la Organización Mundial del Comercio o la Unión Europea, lejos de favorecer un aumento del poder de Estados Unidos en el mundo, podría más bien representar su mayor error en el medio plazo, porque son instituciones, en gran medida, creadas bajo los auspicios de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Al comienzo cumplían sobre todo un papel de seguridad y alianza frente al enemigo soviético pero progresivamente han sabido crear un sistema de reglas, normas, e procedimientos que, aunque en relativa crisis, siguen orientando la manera de concebir el mundo de los principales aliados de Estados Unidos además que de la mayoría de sus ciudadanos. El liderazgo de Estados Unidos en el mundo liberal-occidental no ha sido motivado por generosidad  o altruismo, ha sido la manera más efectiva para proyectar su poder a escala global, tanto a través de su superioridad económica-militar, como a través de su capacidad de atraer a otros estados en una red de valores y reglas que han garantizado una relativa paz y prosperidad en Occidente.

La decisión de retirarse parcialmente de sus compromisos y alianzas y de mantener una actitud más unilateral y conflictiva hacia el resto del mundo occidental difícilmente hará “America great Again”. Recuerda más bien la actitud de dispararse en un pie. Si los Estados Unidos no intentaran volver a un ejercicio de poder complejo, capaz de integrar la habilidad para hacerse valer con la necesidad de convencer y actuar de una manera que pueda parecer legitima a la mayoría de sus aliados, no sólo verán su imagen internacional disminuida sino que se encontrarán mas solos, y en definitiva menos seguros.

Una versión más amplia del presente artículo ha sido publicada en Esglobal: https://www.esglobal.org/great-again/

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Poco più di un milione di voti: è questa la distanza che separa il President-elect, Donald Trump, dalla rivale, Hillary Clinton, a conteggio quasi ultimato. Quel milione di voti è in realtà il vantaggio della Clinton nel voto popolare a livello nazionale, ma gli Stati Uniti hanno un sistema di voto dove il collegio elettorale viene deciso su base statale, e quindi quel milione di voti di vantaggio non conta nulla. Ciò che conta è vincere gli stati, ed è li che Trump ha stravolto tutte le previsioni degli analisti politici e dei sondaggisti d’opinione.

Rispetto alla mappa che nel 2012 aveva assegnato la vittoria a Barack Obama, Trump ha infatti riconquistato sei Stati-chiave: Florida, Ohio, Iowa, Pennsylvania, Michigan e Wisconsin. Se però i primi tre sono tradizionali battleground States, la cui tendenza politica cambia cioè ciclicamente, gli ultimi tre non votavano per il candidato Repubblicano dagli anni ’80, dai tempi cioè di Ronald Reagan.  La vittoria di Trump si è quindi materializzata negli Stati che costituiscono la cosiddetta Rust Belt, la cintura della ruggine, dove si estrae il carbone e dove storicamente si concentrano le industrie manufatturiere e automobilistiche più importanti del Paese.

Il perno della vittoria di Trump si spiega osservando tre fattori: l’educazione, la razza e l’economia.  Trump ha infatti travolto la Clinton tra gli elettori non laureati, tra i bianchi e tra i cosiddetti ‘perdenti dalla globalizzazione’.  Questi ultimi sono lavoratori che negli ultimi 25 anni hanno vissuto personalmente il declino dell’industria manufatturiera negli Stati Uniti senza riuscire a riciclarsi sul mercato del lavoro. Trump ha avuto la lucidità di corteggiare questi elettori facendo campagna: a) contro gli accordi commerciali di libero commercio che, a suo dire, hanno trasferito questi posti di lavoro in Messico e altrove; b) per limitare l’immigrazione, ovvero, nella sua ottica, impedire che lavoratori stranieri possano ‘rubare’ i posti di lavoro; c) contro ogni patto globale contro il surriscaldamento del pianeta, al fine di rilanciare l’estrazione di minerali fossili ed il loro utilizzo a fini industriali.

Dall’ altro lato la Clinton ha certo beneficiato del voto dei laureati e delle minoranze afroamericana, asiatica e latina,  soprattutto nelle grandi città, ma il peso dell’elettorato bianco, circa due terzi del totale dell’elettorato, rimane preponderante. Gli afroamericani hanno votato in minor misura per la Clinton rispetto ad Obama, ma Obama si era anche ben difeso tra i votanti bianchi, riuscendo a passare un messaggio economico forte, cavalcando la ripresa economica dopo la crisi del 2008, e salvando l’industria automobilistica di Detroit allora osteggiata dai Repubblicani.

Questa elezione illustra in realtà un cambiamento epocale, sia nell’approccio alla campagna elettorale di un candidato anti-politico sia nell’orientamento delle politiche pubbliche. Infatti, sin dalla fine della guerra fredda, le diverse amministrazioni democratiche e repubblicane, pur con le debite differenze, hanno promosso il libero scambio come proiezione della pax americana nel resto del mondo. L’opposizione alla globalizzazione veniva sempre identificata con un piccolo gruppo di estremisti, incapaci di adattarsi alla nuova era e contrari agli interessi americani. Trump ha rivoluzionato questi concetti, opponendosi frontalmente alla globalizzazione su basi populiste e identificandosi per lo più come un isolazionista in politica estera, sfidando così gran parte dell’establishment (repubblicano durante le primarie, democratico durante le elezioni presidenziali).  E gli elettori lo hanno premiato. La vittoria è stata poi completata dal fatto che i Repubblicani sono riusciti a mantenere il controllo del Senato e della Camera dei Rappresentanti. Il ‘governo diviso’ degli ultimi sei anni della presidenza Obama è quindi alle spalle, e i Repubblicani avranno, da Gennaio 2017, piena capacità per approvare leggi senza bisogno di sostegno da parte dei Democratici.

Qui rimane l’ultimo, e forse più importante, interrogativo post-elettorale: riuscirà un Presidente così anti-convenzionale come Donald Trump a mettere d’accordo le diverse anime all’interno del Grand Old Party? Se la risposta sarà positiva, molte delle profonde trasformazioni operate da Obama nella società americana durante gli ultimi otto anni potrebbero presto diventare una parentesi della storia.

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Al momento di discutere la forma di governo, i Founding Fathers, i padri costituenti, vollero che il Senato degli Stati Uniti fosse la camera ‘alta’, di rappresentanza degli Stati, per bilanciare la House of Representatives, la camera ‘bassa’, dove i rappresentanti dovevano invece riflettere la dimensione della popolazione di ogni Stato. Ecco perché uno Stato come la California, con quasi 40 milioni di abitanti, invia oggi a Washington 53 deputati, mentre il Wyoming, 500.000 abitanti, ne invia soltanto uno. Entrambi gli Stati, però, hanno due Senatori a testa, e cosi per tutti i 50 Stati USA.

L’intenzione dichiarata era quindi di creare un sistema di checks and balances, tale da permettere di salvaguardare gli interessi degli Stati federati rispetto a quello che doveva diventare un crescente controllo federale, con a capo il Presidente. Super maggioranze all’interno del Senato (60 senatori) furono inoltre concepite per passare ogni tipo di legislazione federale, creando de facto la necessità per i due principali partiti politici, Democratici e Repubblicani, di collaborare tra loro.

A 230 anni di distanza dalla Costituzione USA, tuttavia, quel sistema di governo appare in crisi. Una chiara tendenza verso la polarizzazione in due blocchi contrapposti si è andata accentuando negli ultimi 15 anni, e l’agenda politica di ogni Presidente passa ormai attraverso il controllo delle due Camere. Le principali leggi approvate da Obama, tra cui la riforma sanitaria, sono infatti state approvate dal Senato con i soli 60 voti dei Democratici, grazie alla straordinaria performance di quel partito alle elezioni del 2008. Due anni dopo, i Repubblicani avevano già riconquistato la Camera dei Rappresentanti, vanificando di fatto ogni ulteriore possibilità di nuove riforme profonde dell’amministrazione Obama. Dopo le elezioni del 2014, i Repubblicani, avendo ripreso anche il controllo del Senato, sono poi stati in grado di bloccare completamente l’agenda del Presidente, potendo a loro volta proporre le leggi e organizzarne il dibattito.

Ecco perché l’elezione di un terzo del Senato, il prossimo novembre, rappresenta forse la principale sfida politica in gioco tra i due partiti. L’elezione Presidenziale, dopo le ultime gaffes di Trump e per le ragioni descritte in precedenza sembra infatti sempre più inclinata verso una comoda vittoria della Clinton. La maggioranza Repubblicana alla Camera dei Rappresentanti non è in discussione, grazie al gerrymandering messo in atto dalle legislature statali controllate dai Repubblicani nel 2010, che ha ridisegnato i distretti elettorali secondo una chiara divisione politica dove l’alternanza è oggi molto difficile. Al Senato, invece, i giochi sono aperti, e la maggioranza (attualmente 54-46 per i Repubblicani) sarà decisa da un pugno di Stati. Questo perché, fino ad ora, alcuni candidati Repubblicani sono riusciti, anche se faticosamente, a distanziarsi dalla retorica populista di Trump, e attualmente ottengono migliori intenzioni di voto, secondo la media dei sondaggi, del miliardario newyorchese.

Tra gli elementi decisivi che decideranno l’elezione senatoriale ci sono il fundraising e la name recognition. In seguito alla sentenza della Corte Suprema Citizens United (2010), la crescente importanza dei gruppi di donatori esterni, costituitisi in Political Action Committees (PACs) non legati, come le campagne dei candidati, a tetti di spesa, ha infatti prodotto un flusso di denaro costante in sostegno ai candidati, accrescendone presenza mediatica e conoscenza tra gli elettori, entrambi fondamentali al momento del voto. Sebbene Super PACs sostengano candidati su entrambi i lati dell’arco politico, ed abbiano fino ad oggi speso una somma che si avvicina ai 700 milioni di dollari, i Super PACs che sostengono candidati Repubblicani al Senato, quali il Senate Leadership Fund, il Club for Growth o la US Chamber of Commerce sono molto più numerosi e attivi dei Super PACs pro-Democratici quali ad esempio Priorities USA, focalizzato sull’elezione della Clinton alla Casa Bianca.

Così, i seggi di Senatori quali Rob Portman in Ohio, Marco Rubio in Florida, o il seggio vacante in Nevada, all’inizio considerati battleground States, appaiono oggi fuori portata per i Democratici, che hanno espresso candidati meno finanziati e meno conosciuti. Il tentativo dei Democratici di legare questi candidati a Trump non ha inoltre sortito l’effetto desiderato, visto che i Repubblicani hanno condotto con successo una campagna elettorale basata sulle proprie iniziative legislative e orientazioni politiche, più in linea con le posizioni classiche del Grand Old Party, quali il taglio delle tasse o la riduzione delle regolamentazioni del Governo federale.

Tali campagne hanno avuto meno successo in Stati tradizionalmente Democratici, dove il nome di Trump appare davvero toxic, quali Illinois, Wisconsin (in maggior misura), Pennsylvania e New Hampshire (in minor misura). In questi casi i candidati Democratici sono stati in grado fin da subito di sfruttare le incertezze degli avversari nel distanziarsi dal Tycoon miliardario, e appaiono oggi in testa nei sondaggi. Discorso a parte va fatto per l’Indiana, Stato solidamente Repubblicano ma dove il candidato Democratico, Evan Bayh, è stato già senatore e governatore, ed ha una name recognition nettamente maggiore del suo avversario. Se i Democratici riuscissero a strappare questi cinque Stati ai Repubblicani, riconquisterebbero il Senato, e in quel caso potrebbero pure permettersi di perdere il Nevada, dove il leader Democratico Harry Reid si ritira dopo cinque legislature. A parità di seggi (50-50) infatti, il vice-Presidente diventa il tie-breaker, il 51° voto. Se Hillary Clinton diventasse Presidente, il suo vice Tim Kaine avrà dunque questo ruolo decisivo. Non va dimenticato che un ulteriore cuscinetto per i Democratici è dato dalle inaspettate campagne competitive dei candidati Deborah Ross in North Carolina e Jason Kander in Missouri, inizialmente sottovalutate dai rispettivi avversari Repubblicani, ma che oggi sono considerate toss-up, ovvero alla pari, e possono rappresentare le vere sorprese di questo ciclo elettorale.

(AP Photo/ Evan Vucci)

Come ogni quattro anni, a Novembre i cittadini degli Stati Uniti d’America sono chiamati ad eleggere il proprio Presidente, in concomitanza con il rinnovo della Camera dei Rappresentanti ed un terzo del Senato. Se quest’anno la candidatura alla Presidenza di Donald Trump, un mix di populismo e nativismo, e la sua vittoria alle elezioni primarie del Partito Repubblicano, hanno scombussolato tutti gli equilibri convenzionali e le analisi politiche classiche, le ‘general elections’ si giocano su diversi fronti.

La partita infatti, benché aperta secondo i più recenti sondaggi sulle intenzioni di voto, deve tener conto del cosiddetto ‘ground game’ dei candidati, ovvero: a) delle infrastrutture organizzative costruite sul territorio degli Stati; b) della presenza mediatica sui mezzi di comunicazione; c) della capacità di finanziamento, sia a livello personale, che di partito politico. Ebbene, su questi tre aspetti la candidata del Partito democratico, Hillary Clinton, appare in netto vantaggio. Un vantaggio che, per Trump, appare difficile da colmare a un mese e mezzo dal voto.

La rodata macchina organizzativa dei Clinton, appoggiandosi sui database dell’equipe di guru tecnici come David Axelrod, John Podesta e Jim Messina (coordinatori delle campagne elettorali di Obama 2008 e 2012) ha avuto accesso a milioni di elettori potenziali e ha messo in atto una campagna aggressiva per contattarli, mobilizzarli e portarli alle urne. Il fundraising della Clinton è iniziato già nel 2015, e grazie alle relazioni politiche da lei stabilite con vari donatori nei suoi anni di Senatrice per lo Stato di New York e poi come Segretario di Stato, ha generato circa 350 milioni di dollari fino ad oggi. Ciò le ha permesso di incrementare la sua presenza mediatica su radio, tv ed internet, permettendole di raggiungere ulteriori potenziali elettori.

La campagna di Trump si è invece quasi totalmente appiattita sull’immagine da reality show del tycoon miliardario. Trump ha addirittura espresso la sua volontà di rifiutare finanziamenti esterni che, a suo dire, snaturerebbero la sua campagna a favore dei poteri forti. Così facendo ha però ceduto alla Clinton il controllo dell’elettorato potenziale, nel momento chiave in cui i candidati devono far conoscere le loro posizioni politiche al grande pubblico, quello che non segue la politica quotidianamente. Recentemente, Trump ha cambiato tattica, intensificando il fundraising e collegando maggiormente la sua campagna con quella del Partito Repubblicano. Tuttavia, questo cambiamento appare tardivo. Non a caso molti donatori tradizionali – tra cui il magnate dei casinò di Las Vegas Sheldon Adelson, che aveva investito oltre 100 milioni di dollari su Mitt Romney (Candidato Repubblicano 2012) – sono oggi rimasti indifferenti alla chiamata di Trump.

Questi donatori, considerando Trump un candidato troppo debole, hanno infatti deciso di focalizzarsi sulle elezioni ‘down-ballot’, ovvero quelle dei Rappresentanti da inviare al Congresso. Se la maggioranza della Camera dei Rappresentanti, saldamente controllata dai Repubblicani, appare infatti inespugnabile per i Democratici, la partita vera si gioca al Senato. Qui, i Repubblicani hanno una maggioranza risicata. Con la possibile conquista di quattro seggi, , però, i Democratici potrebbero riprenderne il controllo perso nel 2014. Come si sa,, l’agenda di ogni Presidente negli Stati Uniti è strettamente legata alle maggioranze congressuali. In questo senso, l’obbiettivo ancora non dichiarato dei donatori repubblicani, in gran parte rassegnati ad un ‘President Clinton’, è quello di mantenere il controllo del Senato, permettendo così di bloccare ogni importante iniziativa legislativa portata avanti dai democratici. La prima delle quali sarà la conferma del nono giudice della Corte Suprema, nomina finora bloccata dai Repubblicani al Senato, e che può modificare la direzione generale della giurisprudenza legislativa federale per le prossime generazioni.

Il controllo del Senato, come quello delle elezioni per il Presidente, si gioca in una manciata di Stati, tradizionalmente definiti ‘purple States’, ovvero dove l’elettorato è molto mobile e le maggioranze politiche cambiano frequentemente: Florida, Ohio, Virginia, North Carolina, New Hampshire, Pennsylvania, Nevada, Colorado. Tuttavia, anche qui, i candidati democratici al Senato si possono appoggiare sulla superiore organizzazione della Clinton e tendono a collegare il loro opponente repubblicano a Trump e alle sue politiche, con l’intenzione di screditarne l’immagine. Il controllo finale del Senato, secondo le previsioni degli analisti politici più noti (Nath Silver, Chris Cillizza, Stuarth Rothenberg, Charlie Cook) si giocherà tra New Hampshire – Ayotte (R) vs Hassan (D), Nevada – Heck (R) vs Cortez Masto (D), e Pennsylvania – Toomey (R) vs McGintie (D). Attenzione però alle sorprese di questa campagna elettorale, inusuale per gli standard recenti: nessuno degli analisti sopra citati aveva infatti previsto una vittoria di Donald Trump alle primarie repubblicane.